Expertos regionales coinciden en la necesidad de incrementar el acceso a la información, dado que se trata de un derecho humano fundamental y un medio esencial para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En el Perú solo un 17,4% de las instituciones cumple con reportar casos de acceso a la información. Las carencias se dan sobre todo a nivel municipal.
El acceso a la información pública por parte de la ciudadanía es un derecho. Sin embargo, la ejecución del mismo todavía enfrenta grandes desafíos en la región. Según Beatriz Anchorena, de la Agencia Argentina de Acceso a la Información Pública (AAIP), en el continente aún “tenemos desafíos en cuanto a la exigencia del cumplimiento sobre la normativa de transparencia”. Desde el Estado, dijo, hace falta fortalecer la capacidad estratégica de gestionar conflictos, además de planificar una política pública transversal, con capacidad para evaluar y monitorear.
“En materia de acceso a derechos, el marco normativo no es suficiente. Hay que trabajar en acompañar la implementación de las normativas y construir capacidades estatales. Dar la viabilidad política para el cumplimiento efectivo por parte de los sujetos obligados. Efectivizar el acceso a internet como servicio público, al igual que el acceso a la información pública. A la vez, generar las herramientas para que la ciudadanía participe, reclame y conozca sus derechos”, dijo.
Estas declaraciones las dio durante su participación de la Mesa Redonda Regional Virtual para América Latina y el Caribe, «El acceso a Internet y su impacto sobre el derecho a la información pública en América Latina y el Caribe«, organizada en el marco del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, celebrado cada 28 de septiembre desde 2015, cuando la Conferencia General de la UNESCO instituyó esta conmemoración. La actividad fue coorganizada por UNESCO junto a la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información y Articulo 19.
Jairo Acuña, Líder de Gobernabilidad en América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), coincidió en esta perspectiva y remarcó que “se han dado muchos avances en el marco regulatorio de transparencia, pero el desafío está en su implementación – es decir cómo se comparte y distribuye la información – así como en el enforcement para que los Estados cumplan con ello”.
Si bien existe todavía un porcentaje importante de personas en nuestra región que carecen de acceso al servicio de internet, así como de las habilidades necesarias para su uso, la UNESCO reconoció que se han dado avances en los grupos en situación de vulnerabilidad de América Latina y el Caribe. Celeste Fernández, codirectora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), presentó como caso de éxito un fallo de 2021 en el que se reconoce como sujeto obligado de cumplir con la ley de transparencia a una empresa privada de telecomunicaciones y se le condena por haberse negado a responder un pedido de información respecto a la provisión de internet en barrios populares.
Retos locales
En el Perú, el acceso a la información pública es un derecho garantizado por la Carta Magna y reglamentado bajo la Ley 27806 desde el 2002. Todas las entidades públicas deben contar con portales de transparencia y atender los pedidos de acceso a la información pública de los peruanos. Sin embargo, según el reporte anual oficial de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ANTAIP) del 2022, solo 350 entidades estatales cumplieron con reportar los pedidos recibidos de acceso a la información, los cuales sumaron 235 450 solicitudes, cifra inferior a la presentada en el 2021, cuando fueron 242 057.
Si bien existe todavía un porcentaje importante de personas en nuestra región que carecen de acceso al servicio de internet, así como de las habilidades necesarias para su uso, la UNESCO reconoció que se han dado avances en los grupos en situación de vulnerabilidad de América Latina y el Caribe.
Según ANTAIP, las instituciones atendieron el 97,8% de las solicitudes. El Poder Ejecutivo y sus entidades adscritas recibieron 59,8 % del total, mientras que las municipalidades distritales y provinciales 15,6% y 7,9%, respectivamente.
Lo preocupante es que esas 350 entidades representan el 17,4% de las 2016 entidades obligadas a reportar información. El nivel baja al 8,5% en el caso de las municipalidades distritales. Como ejemplo podemos citar el caso citado por la Defensoría del Pueblo de Pasco. Ellos informaron que 19 de las 32 entidades supervisadas no cumplen con designar a sus funcionarias/os titulares y suplentes responsables de entregar la información de acceso público y 22 de ellas tampoco cuentan con sus respectivos registros de solicitudes de acceso a la información pública, lo que impide el adecuado monitoreo de la atención de las solicitudes.
La jefa de la Oficina Defensorial de Pasco, Raquel Álvarez, lamentó el poco interés que estarían dando algunas instituciones públicas a la importancia de garantizar el derecho de acceso a la información pública que tiene la ciudadanía sobre la labor que desarrollan sus autoridades.
Esta falta de cumplimiento es alta en provincias, pero se vive en la capital. Según una investigación realizada por El Comercio, el 60,5% de las 43 municipalidades distritales de Lima Metropolitana no cuentan con un formulario virtual publicado para realizar las solicitudes o no permiten la presentación digital de estos documentos.
Karina Díaz, comisionada de la Adjuntía de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, dijo que el procedimiento debería ser sencillo y no complicado. La ausencia de dichos formularios virtuales “son trabas, barreras que [obstaculizan] a los ciudadanos que quieren presentar [una solicitud]”, enfatizó al citado diario. Debería ser obligatorio el uso de una sola plataforma, como sucede en México, dijo, donde el ciudadano presenta la solicitud para cualquier entidad pública, hace el seguimiento, la autoridad le responde y ahí mismo también se puede presentar el recurso de apelación.
