MTC publicó la Resolución Ministerial que declara resolver del Contrato de Concesión para el mantenimiento del Proyecto Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. Azteca continuará con su mantenimiento por seis meses hasta ejecutarse la devolución al Estado. Se ha dispuesto un año de plazo para definir cómo se manejará la red.
El anunciado divorcio entre Azteca y el Ministerio de Comunicaciones (MTC) se consumó ayer 14 de julio del 2021 con la publicación de la Resolución Ministerial N° 689-2021-MTC/01 que dispone resolver el Contrato de Concesión para el Diseño, Financiamiento, Despliegue, Operación y Mantenimiento del Proyecto Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. La operadora deberá entregar la Red Dorsal al Estado en la primera quincena de enero del 2021.
MTC había notificado a Azteca su decisión de resolver el contrato de forma unilateral por afectar el interés público desde setiembre del 2020. A esta decisión llegaron luego de darse por culminada la negociación de una resolución de mutuo acuerdo en julio de 2020. Azteca había propuesto una cláusula de cierre bilateral en diciembre del 2019 y el MTC dio una contrapropuesta en junio del 2020, la cual fue rechazada por el operador.
Las conversaciones para el cierre del contrato habían empezado mucho antes, en el 2018, según informó Azteca en sus comunicados. Los problemas para encontrar clientes para la red por los altos precios fijos (US$27) que se manejaban eran evidentes desde 2017. La situación se fue complicando en los años siguientes, porque la oferta privada ofrecía servicios a menores precios (hasta US$5) bajo un esquema de negociación flexible.
Para el cierre del 2020 la Red Dorsal solo estaba siendo usada por el 3,2% de la capacidad instalada y los ingresos obtenidos por el transporte de datos a terceros apenas cubrían el 7,7% de los costos. En este caso, por contrato, el Estado estaba obligado a cubrir el saldo de mantenimiento a pesar de que no se cumple con la finalidad pública de dar acceso masivo a la banda ancha.
Los 23 clientes o usuarios de la citada red han generado una demanda de 16,10 (Gbps – mes) lo cual está muy por debajo de los 241 (Gbps – mes), proyectados para el 2020 a partir del Modelo Económico Financiero de la Concesión. Esto ha implicado que el Estado peruano realice pagos por un total de US$290 millones por inversión, operación y mantenimiento desde el 2015 hasta la actualidad, lo cual es US$ 192 millones (cerca de S/ 730 millones) más de lo previsto, según el MTC.
Ante esta realidad el Estado inicio un proceso de resolución unilateral en marzo del 2020. MTC informó que se siguieron los procedimientos previstos, se realizó la audiencia pública respectiva en mayo y se recibieron comentarios, tanto de Azteca como de los expertos del sector. El proceso de cierre se oficializa con la resolución ministerial publicada ayer.
Nuevos retos
Durante la citada audiencia pública Azteca expuso su posición: no está de acuerdo con la causal de interés público presentada e irá a denunciar ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias) al Estado peruano. Desde su perspectiva el Estado es responsable de no generar el tráfico de datos del sector público previsto porque no armó la Rednace, red pensada en conectar con la Red Dorsal a todas las entidades públicas que requieren Internet a nivel nacional.
“No juguemos con la idea de empresas estatales que no han tenido éxito: tenemos una deuda histórica con los no conectados así que no podemos jugar con curvas de aprendizaje”
Virginia Nakagawa, ex viceministra de Comunicaciones
A pesar de este anuncio de Azteca, realizado durante la audiencia pública de mayo, MTC continuó con el proceso de resolución por interés público. “No se trata solamente de la causal de quiebre del contrato, sino entender que pasara después y como se gestionara; sin duda alguna el Gobierno ha analizado los pro y contras de que Azteca lleve a CIADI a un arbitraje al Gobierno peruano por este rompimiento contractual”, comentó Erick Iriarte, CEO de eBIZ.
Virginia Nakagawa, exviceministra de comunicaciones, informó que el MTC hizo todo lo que estaba a su alcance para resolver la dificultad generada por las tarifas fijas vigentes antes de llegar a esta situación, sin lograr un acuerdo con el operador.
“El MTC ha demostrado en todo este proceso, que respeta la seguridad jurídica y contractual. En todo el proceso se han seguido las reglas establecidas en la Cláusula 60 del Contrato de Concesión de Azteca. Obviamente siempre es polémica la causal de interés Público invocada, pero desde mi punto de vista, el MTC dio todo su esfuerzo en tratar de llegar a un buen puerto con esta Concesión, pero no hubo jamás un acuerdo sólido”, remarcó Nakagawa.
«Si no se tiene claro qué hacer con temas digitales en el país, la subutilización de la red dorsal continuará»
Erick Iriarte, CEO de eBIZ
En enero del 2022, cuando la red regrese al Estado, Pronatel (Programa Nacional de Telecomunicaciones) asumirá la operación del proyecto y podrá hacerlo directamente o a través de terceros (un interventor) por un periodo no mayor de tres años, hasta que se elija el nuevo modelo comercial a aplicar y se realice una nueva licitación con un nuevo operador.
Nakagawa comentó que ese será uno de los grandes retos que asuma el nuevo Gobierno. “Es indispensable que el interventor sea una empresa con experiencia en operación y mantenimiento de este tipo de redes, que sea una empresa concesionaria y que tenga un perfil adecuado para manejar estas operaciones de magnitud”, señaló.
La resolución publicada ayer también dispone la creación, en 90 días, de una comisión encargada de diseñar el nuevo modelo de operación de la red. Dicha comisión tendrá un año para tomar una decisión sobre cuál será el modelo a emplear. Entre las opciones está desde hacer una nueva licitación para uno o varios operadores privados bajo nuevas condiciones, pasando por la venta por partes de la red, hasta entregar el manejo de la red a una empresa estatal.
“No juguemos con la idea de empresas estatales que no han tenido éxito: tenemos una deuda histórica con los no conectados así que no podemos jugar con curvas de aprendizaje”, advirtió Nakagawa.
“Si no se tiene claro qué hacer con temas digitales en el país, la subutilización de la red dorsal continuará. Es más que imprescindible que el próximo Gobierno reactive la comisión de sociedad de la información, cuando no active la agencia de sociedad de la información, y que de una manera multi-estamentaria se defina claramente el norte que este instrumento debe tener para mejorar la calidad de vida, la competitividad y el respeto por Derechos Humanos de los peruanos y peruanas”, comentó Erick Iriarte.
Nakagawa considera que además será necesario modificar la Ley de Banda Ancha para permitir al nuevo operador brindar no solo transportes de datos sino servicios de Internet directo al usuario, además de poner en marcha la Rednace.
