Estudio conjunto de Diálogo Interamericano, el Banco Mundial (BM) y el BID hace un llamado de atención a la necesidad de extender la conectividad con fines educativos para toda América Latina, dado que menos de la mitad sigue desconectado. Se requieren de esfuerzos multisectoriales y coordinados entre privados y el Estado, remarcaron.
Con la pandemia, los niños y jóvenes latinoamericanos han perdido 1,5 años de aprendizaje al no realizar dos tercios de clases presenciales y en las zonas rurales la situación fue más crítica al faltarles servicios de conectividad, resaltó Emanuela Di Gropello, gerente de práctica para la educación en América Latina y el Caribe del Banco Mundial (BM).
“Se requieren acciones urgentes y coordinadas entre el sector público y privado para lograr asegurar una conectividad significativa en las escuelas. Esa es la agenda. La conectividad es puerta de entrada para acceder al conocimiento”, resaltó Di Gropello durante la reciente presentación del estudio y llamado a la acción que elaboraron Diálogo Interamericano, el BM y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo).
Las zonas de baja densidad poblacional, distantes de los centros urbanos o aisladas debido a su geografía, concluyó el informe, presentan tasas de cobertura y uso de internet extremadamente bajas que requieren ser subsanadas para lograr un adecuado acceso al contenido educativo. La pandemia puso de manifiesto esta brecha y obliga a los países de la región a definir una agenda sobre inversión privada, pública, soluciones tecnológicas y estrategias nacionales a largo plazo, más allá del contexto de emergencia que generó la Covid-19.
En otro estudio del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y el BID (2021) ya se advertía que unos 244 millones de personas en América Latina y el Caribe, de las cuales 46 millones viven en zonas rurales, no tenían acceso a internet. En total, un 36% de la población de esta región no accedía a este servicio. Si se observa solo la población urbana se encuentra que el 71% cuenta con opciones de conectividad, lo que genera una desigualdad en el acceso a la tecnología que requerirá subsanarse con una inversión de US$68 500 millones.
En los últimos años las políticas públicas de la región no han logrado generar las condiciones para que la cobertura de servicios de internet aumente de manera suficiente, sostienen los expertos, ya que, en gran parte, estas zonas siguen planteando un desafío de rentabilidad a los operadores tradicionales, remarcaron los expertos.
Hay cobertura 4G (87% postpandemia), pero solo 37% la usa, además de que menos del 50% tiene banda ancha fija y solo el 9,9% cuenta con fibra de alta calidad (CAF). El acceso llega a 81% en grupos de alto nivel adquisitivo, pero es escaso en los grupos más bajos de la escala de ingresos, porque implica invertir el 10% de su presupuesto mensual en un plan de datos, cuando debería ser el 2%, y 12% en un smartphone de entrada (llega a 32% en algunos países), informó Álvaro Verzi Rangel, codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la).
El camino de salida pasa por montar una agenda de largo plazo que incluya el diálogo con el sector privado y la promoción de la inversión. Hernán Verdaguer, director de Asuntos Regulatorios de Telecom Argentina, remarcó en el encuentro que, cada vez que el Estado se plantee una nueva regulación, se debe responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo contribuye esta norma al objetivo de lograr una mejor conectividad? La empresa tiene un rol subsidiario, dijo, pero requiere de reglas claras, predecibles, equitativas y que signifiquen un incentivo para acelerar la inversión con tarifas por el espectro razonables.
El estudio del BIF y el BM propone cuatro líneas de acción que todos los países deben seguir de forma sistemática para impulsar la expansión de la conectividad significativa con fines educativos. En primer lugar recalca que la inversión privada tiene un rol fundamental y por eso se deben crear condiciones regulatorias e incentivos consistentes para facilitar la inversión y la creación de modelos de negocio sostenibles. La inversión pública es y debe ser un componente esencial, no solo moviendo recursos sino respetando e impulsado la inversión privada.
Los procesos de licitación de espectro, remarcaron, “son un importante instrumento para promover la expansión de redes, incluyendo obligaciones de servicio en zonas de baja densidad poblacional”. La recaudación fiscal, añadieron, no debe ser la única ni la principal variable a medir, sino que, lo recomendable es dar incentivos fiscales y regulatorios para impulsar la inversión privada para una mejor conectividad en zonas rurales a largo plazo como parte del compromiso que se adquiere al ganar la licitación.
En cuanto a las soluciones tecnológicas para conectar a las zonas rurales, precisaron que se debe incluir un conjunto de opciones tanto en el corto como en el mediano y largo plazo, porque la agenda requiere una atención continua. “El Estado debe desarrollar estrategias nacionales de largo plazo en las que el objetivo de garantizar conectividad significativa para usos educativos en zonas rurales (en escuelas y en hogares) esté debidamente incorporado en los instrumentos de planificación y/o de políticas públicas de los Estados, de manera que las acciones de parte de diversos agentes del estado estén efectivamente coordinadas.
Experiencias regionales
Vianna Maino,titular del Ministerio de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información de Ecuador, señaló que en su país se aprobó, tras la pandemia, una ley orgánica que modifica la forma de recaudar impuestos de diversos sectores, incluido telecom. Esto permite que los privados destinen hasta el 50% de los impuestos por pago de frecuencia (espectro) a la inversión en zonas rurales desconectadas. El objetivo es ofrecer servicios fijo y móvil. “La prioridad es la conectividad social, pero también es un tema económico, porque les permite ser competitivos”, dijo.
Antes, añadió, se conectaban 10 localidades al año, ahora la media es 53. Eso además de la repotenciación (pasar de antenas 2G a 4G) que ha alcanzado a 3,3 millones de pobladores, el 75% de la población seleccionada. La meta es llegar al 2025 con el 92% de cobertura 4G en el país, pero es posible alcanzarlo incluso este año, comentó, solo con la inversión del empresariado. Además de disponer una tarifa social preferencial, reducción de aranceles a equipos tecnológicos, despliegue de fibra sin impuestos, zonas WiFi gratis, entre otros. “El dialogo público-privado lo hizo posible”, remarcó.
El Estado, como coordinador, tiene un rol clave. Es el llamado a diseñar una estrategia de largo plazo, perpetua, porque luego de llevar la infraestructura hay que superar la brecha de calidad, añadió Leandro Folgar, presidente del Plan Ceibal, un proyecto uruguayo que continúa su labor de monitoreo y adaptación, aun cuando han pasado muchos años desde su creación y ya el 48% de los estudiantes tiene banda ancha.
Gabriel Gurméndez, presidente de Antel, agregó que en Uruguay se pasó de un 31% de locales en zonas rurales conectados en el 2019 a 87% (947) y en unos meses se tendrá una cobertura del 94%. ES cierto, admitió, que el terreno no tiene dificultades geográficas que otros países de la región sí poseen, pero estos logros habrían sido imposibles sin una agenda del país que se adapta a las nuevas realidades y es impulsada por el más alto nivel del gobierno. “La capacidad de cooperación interinstitucional fue relevante y creo que las políticas de estrategias de largo plazo es algo sobre lo que se funda el resultado. Conectividad rural de Uruguay no es innovación de hoy, comenzó hace años”, afirmó.
En el caso del Brasil, Cristieni Castilhos, directora general de MegaEdu, explicó que hoy es una prioridad invertir en conectividad para acelerar el aprendizaje perdido en los últimos dos años. Pero para lograrlo, se ha realizado un minucioso análisis de datos, para identificar donde está cada una de las 140 mil escuelas y ver cuáles son las que requieren ayuda para priorizarlo así en el plan.
Luego del análisis concluyeron que 12 mil escuelas brasileñas están muy lejos para recibir banda ancha con fibra, por lo que se ha previsto su enlace con satélite. Luego se ha identificado 8 mil regiones en donde una empresa, con los incentivos adecuados, pueden conectar a la población a tarifas especiales y se ofrece al operador un plan para acelerar la inversión con los incentivos adecuados y el Estado solo interviene donde no llega el privado. En las licitaciones se está incluyendo el compromiso de invertir donde no hay señal. “El acceso es un derecho y tenemos que ver la forma de dárselos. No puede atrasarse el acceso a una adecuada educación”, remarcó.
“No existe receta única y no todos los casos se pueden replicar en todas las realidades, pero hay que estudiar de forma creativa la manera de lograr esas conexiones. La prioridad ha de ser darles un adecuado acceso a la educación”, remarcó Gurméndez, quien se unió al llamado del BID para que todos los países de la región empiecen a pasar a la acción con el fin de reducir la enorme brecha existente.
El dato: solo cerca de cuatro de cada diez latinoamericanos de zonas rurales tienen opciones de conectividad, pero en zonas urbanas son siete de cada diez.
