Tras analizar la producción normativa del 2023, el gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de ComexPerú, Jaime Dupuy, consideró que han quedado varios retos en materia regulatoria, siendo el primero procurar que los legisladores tengan mayor conocimiento sobre el ecosistema digital antes de proponer una regulación y recurran al análisis de impacto regulatorio para evaluar si existe o no un problema público en materia digital que deba solucionarse mediante la regulación.
¿Qué opina sobre la labor del Congreso y sus proyectos relativos al entorno de economía digital y el comercio electrónico? ¿Cuál es el balance del 2023 en ese sentido?
Durante el 2023, el Congreso incidió en materia digital a través de diversas iniciativas legislativas, regulando la economía digital con el Proyecto de Ley N° 6136; a las empresas administradoras de plataformas tecnológicas de intermediación del servicio de hospedaje con el Proyecto de Ley N° 5467 y el Proyecto de Ley N° 5599. Este último propone crear un impuesto de estadías cortas para este tipo de hospedaje. Asimismo, se tienen los Proyectos de Ley N° 6655 y N° 1381 -si bien este último data de años anteriores, este año fue nuevamente discutido- ambos referidos a la regulación del servicio de entrega a domicilio a través de plataformas de intermediación.
Como impresión general, se aprecia que muchos de los proyectos, como es el caso del proyecto de economía digital, no presentan innovación respecto de la legislación actual. Asimismo, en materia de comercio electrónico, se aprecia que el Proyecto de Ley N° 415, nuevamente ha sido objeto de debate en el Pleno en el 2023, a partir del texto sustitutorio presentado por la Comisión de Defensa del Consumidor (Codeco).
Aunque no son muchas las iniciativas legislativas discutidas durante el año, por su contenido, algunas de ellas podrían interferir en el correcto desempeño de la industria afectando el crecimiento y desarrollo de la economía en caso sean aprobadas. Así, como balance, aún quedan retos en materia regulatoria, siendo el primero procurar tener mayor conocimiento sobre el ecosistema digital antes de proponer una regulación y recurrir al análisis de impacto regulatorio para evaluar si existe o no un problema público en materia digital que deba solucionarse mediante la regulación.
Solo así se logrará reducir la producción normativa que desincentive el uso de herramientas digitales y evitar una regulación excesiva que cause confusión entre los ciudadanos en la economía digital y el comercio electrónico.
¿Qué medidas dictadas por el Estado han sido positivas y cuales negativas para el ecosistema el 2023?
Muchas iniciativas legislativas del Congreso inciden en materia digital y su desarrollo en el país, muchas veces limitándolo o impidiendo el natural dinamismo de sus operaciones. Así, estimamos un balance negativo en materia digital en general, de comercio electrónico y economía digital.
En relación al Proyecto de Ley N° 6136, que propone la Ley de la Economía Digital, lleva a una innecesaria sobre regulación, que podría generar falta de predictibilidad y seguridad jurídica para los agentes económicos involucrados. Así, es importante precisar que, tanto a la economía tradicional como a la economía digital, le son aplicables las mismas disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico vigente.
Más aun, ya existen normas que regulan la economía digital, como lo son el Decreto Legislativo N° 1412, Ley del Gobierno Digital; el Decreto de Urgencia N° 006 – 2020, que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital; el Decreto de Urgencia N° 007 – 2020, que aprueba el Marco de Confianza Digital; y el Decreto Supremo 085 – 2023 – PCM, que aprueba la Política Nacional de Transformación Digital.
«Muchas iniciativas legislativas del Congreso inciden en materia digital y su desarrollo en el país, muchas veces limitándolo o impidiendo el natural dinamismo de sus operaciones. Así, estimamos un balance negativo en materia digital en general, de comercio electrónico y economía digital».
Por otra parte, respecto a los Proyectos de Ley N° 5467 y N° 5599, se aprecia que establecen disposiciones que gravan la industria del hospedaje temporal a través de plataformas de intermediación digital. Estas disposiciones van desde el establecimiento de seguros durante el tiempo de alquiler y un registro que debe realizarse ante el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), para el caso del primer proyecto; y la imposición de un impuesto especial a los dueños del bien arrendado a través del servicio de intermediación, para el segundo.
¿Y qué valoración tiene sobre las propuestas legislativas para regular el servicio de delivery y las plataformas de intermediación?
El Proyecto N° 1381 dispone la creación del registro de repartidores de delivery y plataformas de intermediación a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con alcance nacional. Consideramos esta iniciativa legislativa positiva, pues brinda predictibilidad a la industria y sus operadores, además de no imponerles una excesiva carga administrativa; siendo además el MTC competente para regular un registro de vehículos de transporte de mercancías.
No ocurre lo mismo para el Proyecto de Ley N° 6655, que establece la creación de un registro municipal de repartidores de bienes y servicios a domicilio. La diferencia con la anterior iniciativa legislativa radica en que el registro, en este caso, no mantiene un alcance nacional, sino meramente local. Es decir, si un repartidor del servicio de delivery a través de plataformas de intermediación desea operar en Lima, deberá obtener el certificado de registro para los distritos en los cuales transitará. Ello podría acarrear que cada repartidor necesite tantos registros como distritos en la ciudad, lo que resulta completamente desproporcional.
Por otro lado, y en específico respecto del Proyecto de Ley N° 415, sobre el comercio electrónico, se aprecia que el legislador desconoce el funcionamiento y dinámica comercial digital, así como las relaciones económicas que se generan en dicho entorno. El proyecto propone definiciones confusas y no acordes al entorno digital -considerando, por ejemplo, al intermediario como proveedor- desnaturalizando su funcionamiento dinámico.
«(R)especto del Proyecto de Ley N° 415, sobre el comercio electrónico, se aprecia que el legislador desconoce el funcionamiento y dinámica comercial digital, así como las relaciones económicas que se generan en dicho entorno».
Sin perjuicio de ello, el proyecto dispone la exigencia a los proveedores de contar con un local presencial, lo cual desconoce la dinámica del comercio electrónico y deja afuera a agentes económicos extranjeros no domiciliados en el país.
¿Qué temas de los que quedaron pendientes se debería aprobar este 2024 y cuáles no?
Los pendientes para este 2024 tienen que ver con las expectativas de la propia industria para alcanzar su correcto funcionamiento. Así, el Estado debe propiciar un ambiente que permita la innovación y el desarrollo de mayor tecnología, siempre en respeto de la seguridad, protección de los derechos fundamentales y respeto por el consumidor. En esa línea, resulta necesario que el legislador comprenda las potencialidades económicas que brinda el sector digital, aún incipiente en nuestro país.
En concreto, para este 2024 consideramos que debería aprobarse fundamentalmente el Proyecto de Ley N° 1381, que dispone la creación del registro de repartidores de delivery y plataformas de intermediación a cargo del MTC, con alcance nacional. Iniciativas como esta alientan el desarrollo de la economía digital y el comercio electrónico, sin generar excesivas y desproporcionadas cargas administrativas permitiendo a su vez, solucionar el problema público de inseguridad ciudadana.
Por el contrario, ejemplo de medidas que no deberían ser aprobadas por el Congreso deberían ser todas las demás mencionadas. Así, resulta preocupante que, de seis iniciativas legislativas comentadas, solo una contenga beneficios para el sector y la sociedad. Constituye deber del legislador evaluar el análisis e impacto costo – beneficio de cada una de ellas.
«(P)ara este 2024 consideramos que debería aprobarse fundamentalmente el Proyecto de Ley N° 1381, que dispone la creación del registro de repartidores de delivery y plataformas de intermediación a cargo del MTC, con alcance nacional».
¿Qué opina sobre el Decreto Legislativo Nº 1599, publicado en diciembre, que busca impulsar la innovación tecnológica y reducir la brecha digital?
Esta norma propone el establecimiento de medidas en favor de la promoción de la innovación tecnológica, la reducción de la brecha de infraestructura y del acceso a los servicios públicos de telecomunicaciones. Dentro de estas medidas se encuentra la flexibilización regulatoria del MTC en favor de los interesados en promover:
- Proyectos y soluciones en la provisión de redes y servicios públicos de telecomunicaciones que permitan optimizar su acceso y uso.
- Despliegue de infraestructura y/o prestación de servicios públicos de telecomunicaciones en áreas rurales o de preferente interés social o que no cuenten con servicios públicos de telecomunicaciones, determinadas por el MTC.
Asimismo, otorga facultades al MTC para permitir la mejora tecnológica en infraestructura de las concesiones de telecomunicaciones y el incremento de velocidad mínima del servicio de internet, a través de beneficios económicos.
Definitivamente saludamos esta norma y la intención del Estado en promover la mejora en infraestructura en el sector telecomunicaciones, pues la desburocratización y flexibilización de los trámites que permitan una mayor cobertura y mejorar la calidad de este servicio, son la base para la digitalización de la sociedad peruana. Sin perjuicio de ello, sugeriríamos precisar los beneficios que menciona la norma a través de la reglamentación, en aras de contar con mayor predictibilidad sobre las medidas propuestas por el Gobierno.
«(S)aludamos esta norma (Decreto Legislativo N° 1599) y la intención del Estado en promover la mejora en infraestructura en el sector telecomunicaciones, pues la desburocratización y flexibilización de los trámites que permitan una mayor cobertura y mejorar la calidad de este servicio, son la base para la digitalización de la sociedad peruana».
¿Cómo podría impulsarse el comercio electrónico este año?
Son saludables todas las medidas que promuevan el comercio, tanto general o electrónico, dentro del país en virtud de nuestro crecimiento económico y social. No obstante, en comparación a países de la región en materia de limitaciones regulatorias digitales, el Perú cuenta con un 33% de mayor limitación, y un 73% superior al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En ese sentido, los planes de impulso del comercio electrónico en nuestro país deben observar las siguientes recomendaciones recogidas en el estudio realizado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) el año pasado, en materia de la preparación peruana para el comercio electrónico:
- Limitar la regulación excesiva del entorno digital. Aunque el país tiene un margen de crecimiento alto en el comercio electrónico, la regulación que rige el entorno digital traba la dinámica de las operaciones económicas digitales, por lo que no se explotan eficientemente las potencialidades del sector.
- Aprobación de una Política Nacional de Comercio Electrónico, a partir de mesas de trabaja entre la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, el sector privado, académico y civil. Es importante que el Estado determine el camino dentro del sector para dinamizar y aprovechar las potencialidades de sus operaciones, junto con agentes privados, académicos y civiles.
- Descentralización del sistema de transporte y carga. Si bien gran porcentaje de las operaciones de comercio electrónico se encuentran dentro de la jurisdicción de la capital del país, las expectativas de desarrollo del sector apuntan a llegar a todas las regiones sin excepción. Por eso es importante mejorar la infraestructura vial – tiempo y dinámica – para impulsar el desarrollo económico digital no centralizado en Lima, sino en el resto del país, y aprovechar las potencialidades del sector.
- Estabilidad política. Este punto responde a cómo toma el sector privado internacional la condición política para invertir en nuestro país. Durante los últimos cinco años la esfera política no supo dar la talla ante la opinión internacional, lo que podría generar inseguridad en las empresas al introducir capital y operaciones en el país.
«(E)n comparación a países de la región en materia de limitaciones regulatorias digitales, el Perú cuenta con un 33% de mayor limitación, y un 73% superior al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)».
¿Cuáles son las expectativas del sector privado en materia digital?
En definitiva, uno de los puntos más importantes para el sector privado en materia digital para este 2024 se refiere a una adecuada y proporcional regulación del entorno digital. A partir de lo expuesto, urge que desde el Congreso se considere el impacto negativo que se puede generar a la industria a partir de iniciativas legislativas como las anteriormente mencionadas.
El entorno digital es un entorno dinámico, en constante desarrollo innovador e incipiente en nuestro país. Limitar su crecimiento a partir de proyectos de ley alejados de la realidad digital solo limitan la inversión de agentes económicos externos interesados en el mercado peruano. Como consecuencia de ello, por ejemplo, podría inferirse que, por la falta de inversión en la industria digital, sea solo Lima, como capital, la principal o única jurisdicción de operaciones de las empresas del sector.
Esto último no solo eliminaría posibilidades de inversión, sino también oportunidades de empleo para quienes residen en las diferentes regiones del país. Además, es importante destacar los beneficios que el comercio electrónico y la economía digital pueden aportar al desarrollo económico y social del país, como la entrega eficiente de productos, operaciones comerciales sin demoras y reducción de gastos administrativos, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Sepa más: Jaime Dupuy Ortiz de Zevallos es un abogado con estudios en dirección de negocios internacionales y comercio exterior. Trabajó en el Mincetur, formando parte del equipo negociador de acuerdos internacionales de inversión, así como de los capítulos de inversión en tratados de libre comercio. También fue miembro del equipo responsable de la revisión legal e implementación de los tratados de libre comercio con EE.UU., Singapur, China y México. Actualmente es gerente de Asuntos Legales y Regulatorios en ComexPerú. Además, es miembro de los Consejos Directivos de PromPerú y del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización.
