Además de reducir la brecha digital con el tendido de infraestructura y montar campañas de alfabetización digital, el Estado tiene una importante responsabilidad en el campo regulatorio como promotor de este viaje. Jaime Dupuy, gerente de asuntos legales y regulatorios de ComexPerú (Sociedad de Comercio Exterior del Perú), hace en esta entrevista un llamado, tanto al sector público como privado, para que unan esfuerzos en sacar adelante la Agenda Digital propuesta.
¿Cómo nos encuentra – en términos de conectividad urbana y rural – este 17 de mayo del 2022?
En el tercer trimestre del 2021, el acceso a Internet en los hogares del país alcanzó el 55,0%, aumentando en 9,6 puntos porcentuales en comparación con similar trimestre del año 2020; así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el informe técnico Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares, elaborado con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
Según área de residencia, los hogares con Internet aumentaron en todos los ámbitos; produciéndose el mayor incremento en el resto urbano, al pasar de 47,7% a 59,0%; seguido del área rural, al aumentar de 11,4% a 20,7%; y Lima Metropolitana, de 64,2% a 72,0%.
¿Qué tanto se avanzó en los últimos diez años?
Desde el sector privado ha habido muchos avances en despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, tanto redes de transporte, como de acceso. Las de transporte se han desarrollado en tres tecnologías distintas: a) fibra óptica, b) microondas y c) satélite. Las redes de transporte de fibra óptica se han incrementado en la última década sobre todo en la costa del país. Por su parte, además de la fibra, la tecnología de microondas se ha desarrollado principalmente en la selva del país, dado que es más sencilla su implementación en comparación a la fibra óptica. Al cierre de 2019, se reportaron 71 mil km de enlaces microondas y 2800 GB de capacidad operada a nivel nacional. Finalmente, la tecnología satelital – que tiene mayor alcance, mayor latencia y menor ancho de banda – ha sido una alternativa para los centros poblados que no tienen fibra ni microondas. Al cierre del 2019, en el Perú se usaban 3,9 Gbps de capacidad satelital en tres bandas.
Asimismo, por parte del Estado, se advierten que, en cuanto a la asignación y uso de espectro radioeléctrico se han implementado asignaciones temporales mediante mecanismos regulatorios ágiles durante la emergencia sanitaria para garantizar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones, lo cual podría ampliarse fuera de dicho periodo (más allá de la pandemia) o incluso plantearse un esquema de asignación temporal del espectro en zonas donde aún no hay cobertura de Internet.
Un factor fundamental que ha traído beneficios es el despliegue de infraestructura gracias a la Ley 29022, Ley para la expansión de infraestructura de telecomunicaciones, que recientemente ha sido prorrogada. Sin perjuicio de ello, el despliegue realizado aún es insuficiente. Ello debido a que ha enfrentado ciertas limitaciones: Primero, la existencia de regulaciones restrictivas de gobiernos subnacionales que se contraponen a la Ley 29022; segundo, la existencia de regulaciones que se encuentran obsoletas, es decir, ya no son necesarias dada las características del mercado; tercero, los excesivos requisitos ambientales que se deben presentar cuando se despliega infraestructura en zonas urbanas donde ya hay infraestructura de otro tipo. Por último, la falta de fácil disposición de aquellos activos del Estado que podrían compartirse para el despliegue de infraestructura.
¿Qué percepción tienen de la actual gestión estatal en torno a la reducción de la brecha digital?
Es una gestión que se caracteriza por muchos cambios y contrataciones de funcionarios que adolecen de la experiencia y conocimientos de los sectores en los que son designados, y ello es particularmente preocupante en el sector de transportes y comunicaciones.
¿Qué esperan ocurra en el transcurso del próximo año y a mediano plazo?
Lo que esperamos es que Gobierno retome el rumbo, contrate a buenos profesionales y enfrente las principales limitaciones existentes. Para ello, se debería buscar la eliminación de las regulaciones restrictivas de gobiernos subnacionales que se contraponen a la Ley de expansión de infraestructura, así como de aquellas regulaciones que se encuentran obsoletas. Asimismo, debería revisar los excesivos requisitos ambientales y arqueológicos, y la falta de fácil disposición de los activos del Estado que podrían compartirse para acelerar el despliegue de infraestructura y reducir la brecha digital.
«El despliegue realizado aún es insuficiente. Ello debido a que ha enfrentado ciertas limitaciones: primero, la existencia de regulaciones restrictivas de gobiernos subnacionales que se contraponen a la Ley 29022; segundo, la existencia de regulaciones que se encuentran obsoletas»
Asimismo, dado que desde el Estado se han empujado proyectos para desplegar redes de transporte, a nivel nacional y regional, que no han sido exitosos a la fecha, es necesario realizar una exhaustiva evaluación, económica y financiera, para definir la estrategia que se debería adoptar para aprovechar los recursos que ya han sido invertidos.
¿Qué tan lejos estamos del desarrollo de una industria 4.0?
El Perú enfrenta una brecha importante en infraestructura de telecomunicaciones. De acuerdo con el estudio elaborado por la Universidad del Pacífico a solicitud del MEF, con apoyo del BID, al 2019, se estimó que la inversión para alcanzar los niveles de acceso básico de infraestructura de telecomunicaciones para el periodo 2019 – 2024 (corto plazo – cinco años) asciende a S/12 mil millones; mientras que para el periodo 2019-2038 (largo plazo – 20 años) asciende a S/20 mil millones. Por su parte, se determinó que la brecha de calidad de la infraestructura de telecomunicaciones, considerando la infraestructura requerida para alcanzar una cobertura móvil con tecnologías 4G, ascendía a S/28 mil millones en el corto plazo, y a S/106 mil millones en el largo plazo.
Desde su perspectiva, ¿qué se espera del MTC, el Congreso y Osiptel como parte de este viaje a la digitalización?
Lograr la digitalización plena del país es un tema de todos. En definitiva, tanto el MTC como el Congreso y el Osiptel tienen un rol crucial no solo en establecer marcos regulatorios adecuados para fomentar la digitalización plena del país, sino también para hacer que esta labor de digitalización tenga como beneficiarios efectivos a todos los peruanos. Esto último pasa por establecer las facilidades y oportunidades necesarias para un despliegue oportuno, eficaz, y masivo de la infraestructura necesaria para hacer de esto una realidad.
Por parte del Congreso y del MTC, el rol es claro: establecer una legislación eficiente y técnica que cumpla con los parámetros que el mercado necesita para poder masificar la interconexión en nuestro país. Por supuesto, esto supone también alinearse con las necesidades de las distintas regiones de nuestro país, generando ecosistemas que aseguren la inversión y la innovación. Con ello en mente, la labor regulatoria es crucial para lograr una digitalización efectiva.
«la consecuencia de ‘no hacer nada’ por la digitalización no solo supone un estancamiento, sino un retroceso»
Ahora bien, el Ejecutivo en general tiene una labor crucial en este proceso. No solo es necesario que impulsen una interconexión efectiva entre las entidades del Estado, sino que busquen migrar sus procesos, trámites, operaciones y soportes físicos a virtuales. Así las cosas, lo que esperamos de estos organismos es coordinación, tecnicismo, consenso, y una proyección al mediano y largo plazo para nuestro país. La digitalización del Perú no puede estar atada a incentivos o motivos políticos. Menos aún, cuando se trata de una necesidad de todos los peruanos.
Jaime Dupuy: “Necesitamos un marco regulatorio que se ajuste a las dinámicas de mercado”
¿Qué no debería pasar en los próximos cinco años y cuáles son las consecuencias de «no hacer nada» por la digitalización?
El proceso de digitalización no se genera ni evoluciona automáticamente. Precisamente por ello es que es crucial la cooperación no solo del sector público, estableciendo normativas claras, que promuevan la inversión en el sector, sino también del sector privado. En efecto, cada uno de los pasos que se da en aras de la digitalización de nuestro país no solo es producto de una correcta función de coordinación, cooperación e inversión, sino que también es producto de construir sobre lo avanzado, y corregir aquello que se puede mejorar.
La digitalización del país, entonces, no es un proceso que se ejecute de manera automática, ni mucho menos que se beneficie de la pasividad. Peor aún, la consecuencia de “no hacer nada” por la digitalización no solo supone un estancamiento, sino un retroceso.
¿Cómo podemos ser más competitivos a nivel internacional y en qué nos ayudaría lograr una transformación digital plena?
Nuestro país será más competitivo en la medida en que las regulaciones sean más adecuadas, brinden mayor seguridad jurídica, y sean productos de un adecuado análisis de impacto regulatorio, del cual formen parte todos los agentes involucrados. Seremos más competitivos también en la medida en que logremos la automatización y digitalización del sector público de modo que los trámites que tengan que realizarse no supongan una barrera para la inversión ni para la ejecución de proyectos. Todo esto es clave de cara a la transformación digital.
La digitalización implica interconectividad, inmediatez, disponibilidad de información, predictibilidad y automatización. Todo ello es requisito para la transformación digital con una desde una operación entre las propias entidades del Estado, y el apoyo constante del sector privado, la Academia y la sociedad civil. Por ello nace la Agenda Digital 2021-2026, con el fin de establecer metas objetivas y procesos claros para poder lograr la transformación digital y, más importante aún, ciudadanos digitales.
[Mientras] más competitivos seamos a nivel internacional mayor será el grado de transformación digital que alcanzaremos, y viceversa.
¿Como industrias, qué proponen y están dispuestos a hacer para la reducción de la brecha digital y avanzar en esta transformación? ¿Qué se ha hecho y qué se hará?
En ComexPerú tenemos claro que la reducción de la brecha digital y de conectividad es una tarea y responsabilidad de todos. Por ello, de la mano de la academia, la sociedad civil, y el sector público y privado, elaboramos y venimos impulsando la Agenda Digital 2021-2026. Esta tiene como objetivo trazar el camino para trabajar en una sociedad en la que los ciudadanos puedan aprovechar los beneficios efectivos de la transformación digital, habilitando un marco de gobernanza, acceso a internet y capacidad para utilizar las herramientas digitales de su entorno. Así, en 5 ejes temáticos: i) Gobierno; ii) Cobertura y acceso; iii) Apropiación digital; iv) Gobierno digital; y, v) Economía digital, la Agenda cubre más de 50 medidas orientadas a estos objetivos.
En el entendido que la brecha digital cuenta con múltiples dimensiones, la Agenda Digital propone, entre otras medidas, lo siguiente:
- En cuanto a apropiación y alfabetización digital, es necesario i) implementar el Plan Nacional de Alfabetización Digital sobre la base del resultado de un diagnóstico de las habilidades requeridas para el entorno digital; ii) implementar talleres de desarrollo de competencias básicas y generales para alumnos de la educación básica regular, particularmente en competencias STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) y, iii) generar una estrategia de capacitación en competencias digitales para la inclusión de adultos mayores, minorías idiomáticas y personas con discapacidad.
- En cuanto a la brecha de digitalización del Estado, es crucial no solo definir un plan de acción para promover la interoperabilidad en el sector público, sino también difundir los beneficios y conceptos básicos de la interoperabilidad hacia los funcionarios públicos.
- Respecto al cierre de la brecha en infraestructura de telecomunicaciones, creemos necesario tanto imponer un “fast track” para su expansión, como incluir metas que promuevan la cobertura en el programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal (PI), y realizar una evaluación para identificar el mejor uso de los recursos ya instalados de la red dorsal nacional y de los proyectos regionales. En este eje, nos complace mencionar que la vigencia de la Ley 29022, cuya ampliación consideramos necesaria para la expansión de esta infraestructura, fue recientemente extendida por 10 años más, gracias a la Ley 31456.
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