Los peruanos que no usan internet, en su mayoría es porque no saben usarlo o no le ven la necesidad, destacó el analista. Solo el 9,7% no lo ha contratado por un tema de costo y apenas un 5,2% porque no llega el servicio a su zona.
El desafío de cumplir el derecho al acceso a internet y lograr un Perú conectado pasa no solo por el tendido de la infraestructura y los estudios realizados por el Osiptel lo vienen demostrando. Así lo estimó el Dr. Gonzalo Ruiz Días, economía asociado al grupo Macro y ex presidente del órgano regulador durante su presentación en un webinar organizado por 5G Américas.
Según Ruiz Díaz, quien también ha sido viceministro de Comunicaciones, en los últimos años se ha avanzado mucho en generar competencia tanto en el universo del internet móvil como en el fijo, donde ya hay 38 empresas compitiendo.
Antes un solo jugador (Telefónica) tenía el 90% del mercado fijo y ahora supera por poco el 52% en Lima, bajando a 38% si solo se analiza las conexiones de fibra óptica en la capital y 26,86% en provincias, según los reportes de Osiptel. Al primer semestre del 2023 se tenían 808 mil conexiones de alta velocidad en Lima y Callao, el doble de lo que había un año antes. Además, muchos de los jugadores importantes “son empresas nacionales, a diferencia, digamos, de los operadores tradicionales en el Perú, que son regionales o globales”, resaltó Diaz.
Este avance de la competencia más el despliegue de proyectos públicos ha permitido reducir la cantidad de zonas sin cobertura, pero “se ha avanzado poco en alfabetización digital”, lamentó. “No podemos seguir con el modelo de llevar infraestructura y solamente infraestructura. Sabemos que debemos complementarlo con políticas que incentiven un factor crucial: la demanda, es decir la educación digital. Este es un dilema que no se ha resuelto en el caso del Perú. Todavía seguimos discutiendo el modelo”, dijo.
“Hay mucha gente que no accede a internet porque no sabe usarlo, no porque no tenga cobertura”, advirtió. Según los estudios realizado por Osiptel, del total de personas que no accedían a internet a fines del 2021, un 35,9% era porque tenían dificultades debido a que no sabían usar internet o las computadoras y 38,9% dijo que era algo que no consideraban necesario. Entre ambas razones superaron dos tercios de los que no se conectan.
En 2019 solo el 29,7% creía que era innecesario (o no le interesaba) y el porcentaje de los que no accedían porque no tenían cobertura llegaba al 11,1%. El costo elevado era la razón de no acceder para el 8,6%. Para 2021, pasada la pandemia, el 9,7% de los desconectados argumentaba un tema de alto costo, mientras que solo el 5,2% decía que no tenía el servicio en su zona, es decir casi la mitad de lo registrado antes de la emergencia sanitaria.
«Tenemos un problema: hay gente que no accede porque no sabe usar internet o no sabe usar la computadora. El problema es de conocimientos. Esa brecha no la estamos mirando».
“Tenemos un problema: hay gente que no accede porque no sabe usar internet o no sabe usar la computadora. El problema es de conocimientos. Esa brecha no la estamos mirando. Las inversiones que tendríamos que hacer ahora serían más eficaces si atendiéramos el lado de la demanda”, remarcó.
Trabajando juntos
A nivel de políticas públicas, añadió el Dr. Gonzalo Ruiz Díaz, el país se ha debatido entre el dilema de cerrar la brecha o mejorar la calidad de los que tienen servicio. El Congreso publicó la Ley N° 31207 que estableció la obligatoriedad de dar una velocidad mínima del 70%, cuando antes estaba en 40%. Esto buscaba mejorar el servicio de los que ya tienen, pero perjudicaba la expansión, porque tenían que gastar en mejorar servicio donde ya lo brindaban, detalló.
En el Perú, dijo, el costo político de desatender a los que aún no acceden al servicio no sería demasiado alto. Las regiones con menor velocidad de internet están más satisfechas, mientras que quienes tienen mucha más velocidad, se quejan más, están más descontentos, según estudio de Osiptel. Eso genera un incentivo para medidas regulatorias orientadas a esos segmentos, descuidando al otro, dado que la mayor cantidad de población votante está en las ciudades.
Se ha dado un paso positivo este año con la Ley N° 30809, que corrige este problema de velocidad mínima, pero se necesita no continuar con medidas como la anterior en el Congreso, añadió. La política pública tiene que atender la situación financiera de los operadores, que no es la ideal, y diseñarse promoviendo la expansión de forma razonable, sobre todo con el desafío que implica la llegada de la tecnología 5G.
Los ingresos operativos reales de los jugadores del sector telecomunicaciones cayeron –12% (S/ 18,5 millones) en 2020, con la pandemia. Se recuperaron un 11% en 2021 (S/ 20,5 millones) pero vuelven a descender en –5% (S/ 19,5 millones) para 2022. “Lo prudente para Perú, por lo menos estratégico, esperar y ver qué se hace en el resto de las regiones para implementar 5G, pero sin perder el paso. Todavía tenemos un reordenamiento pendiente”, añadió.
Lo que el país necesita, dijo Ruíz Díaz, es establecer espacios de colaboración entre las empresas, para afrontar juntas los desafíos de despliegue de nuevas tecnologías sin duplicar inversiones. Tras muchos años de intensa y sana competencia, añadió, el despliegue de infraestructura, que se va a necesitar en los próximos años, requiere desarrollar estos espacios de colaboración no solo a nivel de la regulación, sino también en una cultura que promueva este tipo de acuerdos entre competidores.
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