En una declaración por un #PerúDigital impulsada por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEX) y suscrita por más de treinta instituciones académicas, de la sociedad civil y empresariales -dentro de las cuales se encuentra eBIZ- se incorporan diversos elementos de lo que debería ser la Agenda Digital del Perú para el periodo 2021 – 2026, según arroja un informe encargado a Apoyo Consultoría. En ésta, se pide al Ejecutivo tomar nota de todo lo propuesto y pasar a la acción, porque la digitalización no espera. En esta entrevista Jaime Dupuy, gerente de asuntos legales y regulatorios de Comex, nos brinda detalles sobre la citada propuesta.
¿Por qué las políticas y regulaciones aplicadas antes no han funcionado y seguimos rezagados en la región, qué nos ha faltado?
Porque no han sido las suficientes. Es necesario que se identifiquen las limitaciones de la transformación digital para el caso peruano, que permitan el planteamiento de un nuevo plan de acción más concreto para aprovechar exitosamente el proceso de digitalización que está sucediendo a nivel mundial.
La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) está limitada por dos aspectos: (i) la amplia variedad de temas atendidos por la PCM y, en consecuencia, la falta de focalización en la transformación digital; y (ii) la falta de poder de negociación de la SGTD con los sectores de gobierno.
Por su parte, la gobernanza de la transformación digital a nivel descentralizado se encuentra limitada debido al desconocimiento o desinterés de los funcionarios de gobiernos subnacionales.
(S)i se aprueban muchos de estos proyectos tal como están planteados, nos alejamos cada vez más del objetivo de contar con un marco legal que fomente un ecosistema digital que sea beneficio para todos.
Finalmente, toda intervención del Estado debería pasar por un análisis de impacto regulatorio a fin de que las normas se adapten a los cambios que implica la transformación digital y se defiendan los derechos del ciudadano en el entorno digital.
¿Considera que tenemos un adecuado trabajo conjunto entre los esfuerzos privados y públicos? ¿Qué nos falta en ese aspecto?
Creemos que se podría lograr un trabajo más articulado. La promoción de la transformación digital no es una tarea exclusivamente del sector público, existen varias iniciativas impulsadas desde el sector privado y la sociedad civil organizada, en cuanto a cursos de capacitación gratuitos para la ciudadanía o las intervenciones en materia de alfabetización digital.
Las intervenciones del sector público tendrían un mayor alcance y/o impacto si hubiese una mayor articulación con el sector privado y la sociedad civil organizada. Por tal motivo, se sugiere que —desde el Gobierno— se evalúen y aprovechen las oportunidades de articulación con estos actores.
El Gobierno debe contar con un espacio de coordinación con actores privados y de la academia. En tal sentido, proponemos que, vía un Decreto Supremo, se les incorpore como integrantes del Comité de Alto Nivel por un Perú Digital, Innovador y Competitivo.
También proponemos establecer convenios de cooperación interinstitucional entre distintas entidades públicas, como el Ministerio de la Producción o el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y entidades del sector privado y la sociedad civil organizada, para el desarrollo de programas de capacitación enfocados en habilidades digitales, así como constituir un canal de comunicación informal y accesible para el sector privado al interior de las principales autoridades reguladoras.
¿La secretaria (SGTD) está alineada con los ejes que ustedes proponen? ¿Está logrando lo necesario?
El trabajo de la SGTD es valioso. Ello se refleja en el marco legal que ha impulsado, así como la Política Nacional de Transformación Digital y las Estrategias Nacionales que viene construyendo (inteligencia artificial, seguridad y confianza digital, gobierno de datos y talento digital), las cuales se encuentran alineadas a nuestra propuesta de Agenda Digital.
Sin embargo, las limitaciones ya referidas anteriormente obstaculizan el rol de la SGTD. A fin de lograr los objetivos de transformación digital, se requiere empoderarla con mayor autonomía, como convertirla en un organismo público.
¿Está el Congreso y sus propuestas normativas alineado con la Agenda Digital propuesta?
Generalmente, no.
¿Qué debería pasar en el Congreso para que se conviertan en colaboradores y no sean obstructores de la Agenda Digital?
Sería importante que los proyectos de ley propuestos tomen en cuenta o se retroalimenten de los actores de los sectores que se verán impactados por las propuestas.
El Congreso tiene ya desde hace algunos años una agenda que paulatinamente ha ido incluyendo asuntos digitales. En los últimos meses esta se ha incrementado significativamente, incorporando a la discusión proyectos relacionados tanto con la digitalización del Estado, como de educación digital, economía colaborativa e infraestructura de telecomunicaciones. Nuestra preocupación es que si se aprueban muchos de estos proyectos tal como están planteados, nos alejamos cada vez más del objetivo de contar con un marco legal que fomente un ecosistema digital que sea beneficio para todos.
Existen intenciones positivas, pero debería existir también un acercamiento con la academia y el sector privado, así como pasar por un profundo análisis de impacto regulatorio.
¿Qué proponen en la Agenda Digital sobre la economía digital y el IGV?
No proponemos un mecanismo particular de regulación del IGV. Recomendamos que la regulación pase por un profundo análisis de impacto regulatorio y se adecúe a estándares internacionales, para no restar competitividad a nuestro país.
La política tributaria enfrenta un desafío cuando se trata de incorporar los bienes y servicios digitales en el contexto de la economía digital. Si bien es importante incluir una definición precisa de lo que implica un bien y un servicio digital, como recomienda el BID, es necesario que existan mecanismos para hacer efectivo el alcance de la regulación.
¿Qué necesita el comercio electrónico y el ecosistema digital para ser puntero y dejar de estar rezagado frente a los indicadores de avance del resto de la región?
Sobre el comercio electrónico, es necesario elaborar un marco regulatorio que comprenda su naturaleza, no pretendiendo equipararlo a otros mercados, procurando que se corresponda con la regulación internacional, de la mano con el sector privado y la academia.
Todo instrumento que se elabore para acompañar el desarrollo de la actividad de comercio electrónico debe contemplar las realidades e intereses de cada parte de la relación comercial, evitando discriminaciones injustificadas y arbitrarias en las actividades del comercio electrónico que tiendan a desincentivar y desacelerar su evolución. Asimismo, si bien las propuestas deben realizarse velando en todo momento por el cumplimiento de los derechos y garantías de los consumidores, no se debe perder de vista la importancia de no generar sobrerregulación, así como limitantes para la transformación digital del Perú o barreras de entrada para la creación de nuevos modelos de negocio que nacen a partir de las tecnologías.
¿Qué necesitan los emprendedores y startups?
Necesitan un marco regulatorio que se ajuste a las dinámicas de mercado, generando un clima de seguridad jurídica y predictibilidad. Generación de economías de escala, capacitación técnica y mayores posibilidades de acceso al financiamiento.
Hablar de emprendedores y startups supone hablar también de la economía colaborativa, el comercio electrónico, economía creativa y, por consiguiente, de emprendimientos innovadores, los cuales convergen en ser herramientas cruciales para el desarrollo del sector.
Si bien es importante incluir una definición precisa de lo que implica un bien y un servicio digital, como recomienda el BID, es necesario que existan mecanismos para hacer efectivo el alcance de la regulación.
Por ello, no solo es determinante el impulso de políticas públicas sectoriales que hayan sido elaboradas en el marco de un minucioso análisis de impacto regulatorio, sino que también comprenda la naturaleza del rubro en el que los emprendedores y startups se desenvuelven, así como los beneficios que su trabajo genera para el ecosistema digital y el mercado en general.
¿Cómo vamos en preparación de recursos humanos aptos para la industria 4.0? ¿Podremos ser una potencia en software, desarrollo de aplicativos o plataformas digitales en algún momento?
Todavía nos faltan cumplir varias tareas para tener ciudadanos que aprovechen la industria 4.0. La alfabetización digital y la especialización digital juegan un rol determinante tanto en el desarrollo de habilidades y prácticas requeridas para el uso de nuevas tecnologías, como en la formación de profesionales en las competencias vinculadas al desarrollo de tecnologías, productos y servicios digitales.
Así, en un contexto donde la confianza digital es limitada, producto de la propia carencia de conocimientos básicos sobre el manejo de herramientas digitales, es indispensable generar confianza en medios y productos digitales, garantizando también la participación del ciudadano tanto en la economía como en el gobierno digital.
Es necesario también contar con incentivos que garanticen la confianza del ciudadano en el entorno digital, y que pongan en valor su utilidad para realizar labores cotidianas, así como de iniciativas desde el gobierno, el sector privado y la sociedad civil organizada, que tengan como finalidad el cierre de brechas.
Sería positivo que el Perú cuente con una estrategia de desarrollo de capacidades que priorice las habilidades requeridas en la era digital y permita articular al sector público y privado.
En el tema de seguridad digital, ¿Qué nos falta? ¿Qué deberíamos hacer?
Hay un gran camino por recorrer. El Perú se ubica en el puesto 28 de 32 países en el Digital Civility Index de Microsoft, sobre la exposición de ciudadanos ante principales riesgos del entorno digital, y en el puesto 5 de 6 en la región.
Es necesario capacitar a la ciudadanía en seguridad digital, contar con una estrategia de difusión adecuada e incentivos que permitan que esta acceda a este instrumento. Por otra parte, si bien la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento se adecúan a los estándares internacionales, podrían ajustarse para promover en mayor medida el flujo de datos transfronterizo. Esto debería complementarse también con una labor de difusión de la cultura de protección de datos personales a efectos de reducir los altos niveles de inseguridad digital en nuestro país.
¿Cómo vamos en temas de cobertura? ¿Cuál debe ser el camino para conectar a esos 3 millones aislados del mundo digital?
El despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, uso de redes y cobertura es un desafío latente en nuestro país. Al respecto, proponemos una serie de medidas para conectar a los peruanos y convertirlos en ciudadanos digitales. Esto no solo pasa por actualizar el Plan Nacional de Banda Ancha mediante mesas ejecutivas de trabajo colaborativo, sino también por ampliar la vigencia de la Ley para la expansión de infraestructura de telecomunicaciones -que permite la aprobación automática de permisos sectoriales, regionales, municipales para la instalación de dicha infraestructura-, y por imponer un fast track para su expansión, implementando una ventanilla única virtual para la gestión de trámites y permisos para el despliegue de infraestructura, entre otros.
En línea con lo anterior, la implementación de la metodología de análisis de impacto regulatorio es crucial para revisar, optimizar y fortalecer la regulación existente en el sector.
¿Qué modelo extranjero es el más recomendable a imitar para lograr impulsar la Agenda Digital? ¿En la región? ¿En Europa o Asia?
Corea del Sur, Reino Unido, Colombia, Dinamarca y Japón muestran un alto desempeño en transformación digital. Han realizado esfuerzos consistentes e integrales para implementar reformas coherentes en la materia. Sus excelentes resultados se derivan de acuerdos institucionales a largo plazo y estrategias sostenibles. Ello es importante debido a que la transformación digital y el cambio del gobierno electrónico al gobierno digital deben ser sostenidos y resistentes al cambio político.
Los resultados del último Índice de Gobierno Digital de la OCDE concluyen que Corea del Sur, Reino Unido y Colombia ocupan los tres primeros puestos. La experiencia del país colombiano es un caso de éxito regional muy reciente para el Perú, del cual se tiene mucho que aprender para ser un gobierno que actúa como plataforma, así como un gobierno digital por diseño.
¿Cuál es, en resumen, la propuesta de Comex y de todas las otras organizaciones que se han adherido a la propuesta? ¿Qué deberíamos lograr, mínimo, para el 2026?
En la Agenda Digital detallamos más de 50 medidas distintas, comprendidas en los cinco ejes estudiados: (i) Gobernanza; (ii) Cobertura y acceso; (iii) Apropiación digital; (iv) Gobierno digital; y (v) Economía digital.
Con base en lo anterior, de ejecutarse las propuestas de la Agenda, deberíamos lograr, como mínimo, lo siguiente:
- Convertir la SGTD en un organismo técnico especializado adscrito a la PCM, de modo que ejerza la rectoría de la transformación digital a nivel nacional, incrementando su poder de negociación con los sectores.
- Ampliar la vigencia de la Ley 29022 para la expansión de infraestructura de telecomunicaciones, además de imponer un “fast track” que evite la imposición de barreras burocráticas que restrinjan, desincentiven o ralenticen el proceso de expansión de dicha infraestructura.
- Contar con un plan de liberación del espectro radioeléctrico con metas predeterminadas, ante la llegada del 5G.
- Asignar el espectro radioeléctrico de forma temporal en zonas sin cobertura y en aras de asegurar la continuidad de los servicios, mediante mecanismos regulatorios ágiles.
- Implementar el Plan Nacional de Alfabetización Digital sobre la base del resultado de un diagnóstico de las habilidades requeridas para el entorno digital, que contribuya al cierre de la brecha de competencias básicas en la población.
- Fortalecer las competencias STEAM (science, technology, engineering, arts, mathematics) en alumnos de educación básica regular, cerrando la brecha de talento en el Perú.
- Definir e implementar un plan de acción para promover la interoperabilidad en el sector público, difundiendo también los beneficios y conceptos básicos de la interoperabilidad hacia los funcionarios públicos.
- Implementar un instrumento de compras públicas de servicios de tecnología, como nube, que respete el principio de neutralidad tecnológica, y permita compras más ágiles y eficientes.
- Plantear e implementar un esquema de matching fund para el financiamiento de startups que facilite la disponibilidad de financiamiento para la incubación de sus iniciativas.
- Habilitar y brindar lineamientos generales para la implementación de sandboxes regulatorios en sectores regulados.
- Implementar una mesa ejecutiva, conformada por entidades de los distintos niveles de gobierno, gremios y empresas, para tratar temas relevantes para la economía colaborativa.
