Según Sebastián Cabello, CEO de la consultora SmC+ Digital Public Affairs y ex jefe de la asociación GSMA, las asignaciones de espectro 5G que se hagan efectivas en cada país serán el punto de partida para iniciar el despliegue más masivo de nuevas celdas y sitios, en donde entrarán a jugar muchos tipos empresas proveedoras de servicios.
El habitual crecimiento en el uso de Internet en América Latina ha recibido un impulso adicional especial debido a la necesidad de trabajo y educación remota generada por las medidas de protección ante la pandemia de la Covid-19. No obstante, también se ha hecho más evidente la brecha digital existente entre el área urbana y rural de la región. El fuerte impacto económico y social ha expuesto los rezagos en conectividad debido a la falta de infraestructura y ha generado una alerta sobre la necesidad de revertir esta situación.
Sebastián Cabello, CEO de la consultora SmC+ Digital Public Affairs y ex jefe de la asociación GSMA, comentó que menos de la mitad de la población de América Latina y el Caribe cuenta con conectividad de banda ancha fija, lo cual es primordial para acceder a medios digitales para estudiar y trabajar. “La brecha urbano-rural y la falta de despliegue de infraestructura, principalmente en zonas remotas, acentuaron el impacto de la pandemia”, destacó.
Los países de América Latina, dijo, presentan un nivel de acceso a internet inferior al del promedio global, sobre todo en el área rural. El porcentaje de hogares con conectividad en América Latina es de un 33% en el ámbito rural y de un 65% en el área urbana. Esta brecha de 32 puntos porcentuales es mucho más alta de la que se registra en Europa, donde es solo de 7 puntos porcentuales.
En la región, añadió, existen unos 40 millones de personas (6%) que viven en zonas todavía sin cobertura de servicios y 240 millones (39%) que poseen cobertura, pero no adoptan el servicio en muchos casos porque aún es para ellos un costo inasequible. Con la pandemia, el desempleo creció y las dificultades económicas para acceder al servicio se agravaron en este grupo poblacional.
Mientras tanto, en el ámbito urbano, el tráfico de datos de la red móvil creció e hizo imperativo mejoras en los servicios. La infraestructura digital jugó un rol esencial para la recuperación económica y social de la región y ayudó a mantener las actividades cotidianas y cubrir las nuevas demandas de la población. Y es una tendencia que continuará en los próximos años. Según estimaciones de Ericsson, está previsto que en América Latina un dispositivo móvil pase de consumir 6 Gb por mes en 2020 a 30 Gb en 2026, es decir un crecimiento anual sostenido del 31%.
América Latina, explicó Cabello, necesita adaptarse a la demanda urbana y montar la red 5G, además de continuar reduciendo la brecha digital en zonas rurales con la red 3G y 4G. Para ello se necesita invertir US$17 mil millones en la región, US$2 mil en Perú. Dicha inversión no estará a cargo solo de los operadores tradicionales o de las torreras que les alquilan celdas, explicó, sino que estará compuesta de muchos tipos de jugadores. La última licitación de bandas para 5G de Brasil es una muestra de ello: además de las telecom tradicionales hubo una serie de operadores neutros y proveedores de servicios diversos interesados en tener espectro.
La red 5G permitirá el despliegue de nuevos servicios, muchos de ellos implican conexión entre máquinas industriales y el procesamiento de gran cantidad de datos en la misma red, lo que generará la llegada de nuevos actores en el mercado. Esta evolución se verá favorecida por la compartición de infraestructura (pasiva, activa, backhaul, activa en interiores y exteriores, de espectro), y la creación de nuevos modelos de arreglos y acuerdos entre los mismos jugadores. Tendremos compartición pasiva (torres, mástiles, postes, ductos, canales, cámaras, etc.) y compartición activa (redes de acceso, espectro, redes centrales, etc.) que implicará una mayor coordinación entre empresas de telecomunicaciones, empresas dedicadas únicamente a gestión de infraestructura y dueños de mobiliario urbano. Todo ello permitirá reducir los costos de despliegue y viabilizará la inversión, explicó.
La gestión de la red, en este escenario de variados jugadores, deberá ser distinta, añadió Sebastián Cabello. Ya no solo tendremos las torreras tradicionales, que ofrecen su infraestructura al operador, sino las “cloudcos”, que ofrecen el manejo de la nube, la virtualización de la red y el despliegue de micro datacenters. Ya no solo se trata de buscar la eficiencia en la red, sino de ser socio estratégico y proveedor de servicios del operador móvil.
La competencia en infraestructura de redes en donde cada operador monta su antena en paralelo a la de su rival es económicamente ineficiente para 5G. La llegada de nuevos tipos de proveedores a cargo de la gestión de dichas redes, dijo, implica un cambio en el mercado que deberá ser acompañado de regulación y políticas públicas del sector que se ajusten a ello y promuevan la compartición y los acuerdos de cooperación y co-inversión como el de IpT, en Perú.
Según Telefónica del Perú, IpT (Internet para Todos) es una empresa creada en cooperación con Facebook, BID Invest y CAF que ya brinda acceso a internet móvil de alta velocidad (4G) a más de 2,4 millones de personas de 13 mil comunidades rurales desde que inició operaciones en mayo del 2019. Esto equivale a un alza de 238% en conectividad rural. Lo peculiar de este modelo es que se trata de un Operador de Infraestructura Móvil Rural (OIMR) que llega a una comunidad ofreciendo su red para que pueda ser utilizada por cualquier operadora que desee sumarse a la iniciativa y brindar servicios en zonas rurales. Destacan los avances del despliegue de 4G en regiones como Áncash (1,120 localidades), Amazonas (666 comunidades), Huancavelica (2,823 comunidades), Ayacucho (1,389 localidades) y Cusco (1,466 comunidades).
Esta figura ha sido posible por una regulación local creada algunos años atrás. Pero todavía se puede generar nuevas normativas. Algunos ejemplos de innovaciones en reglamentos recogidos por la consultora SmC+ Digital Public Affairs en su reciente informe, señaló Cabello, son el de establecer obligaciones para que los operadores dominantes que posean ductos, mástiles y otra infraestructura pasiva compartan su uso con operadores alternativos a precios regulados. También proponen aplicar políticas de “una sola excavación” que inciten a que diversos servicios públicos (gas, electricidad, telecomunicaciones y agua) se adhieran a un plan común compartido para las obras de excavación y planificar nueva infraestructura pública -como carreteras-, con ductos que pueda utilizar cualquier operador para desplegar sus propias redes, en condiciones de acceso abierto basadas en costos.
