Reducir la brecha digital es una tarea que requiere el trabajo articulado entre las entidades públicas y privadas, facilidades para el tendido de infraestructura en zonas rurales, reducciones en los tributos aplicados y políticas de alfabetización digital, sostiene Maryleana Méndez, secretaria general de Asiet.
La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) cumple este mes 40 años de vida impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en la región en base al diálogo público-privado. Durante todo este tiempo ha sido testigo desde la expansión de la telefonía fija en 1988 hasta el despliegue de 4G LTE en telefonía móvil, que para el 2022 tenía cobertura del 90% de Latinoamérica. Maryleana Méndez, secretaria general de Asiet y representante de este grupo que asocia empresas públicas y privadas del sector, nos explica en esta entrevista cuales son los lineamientos y acciones que se deben tomar para promover el crecimiento de la industria y reducir la brecha de conectividad en el país.
¿Cuál es el principal consejo que daría al gobierno peruano en torno al despliegue de infraestructura?
La expansión de la infraestructura es clave para el desarrollo de las telecomunicaciones y la expansión de la conectividad [que dará] bienestar a los ciudadanos peruanos, al tiempo que mejora la productividad de las economías e industrias. Poner trabas a su despliegue es perjudicar el acceso a una mejor conectividad y crecimiento económico del país. Desde Asiet recomendamos implementar una política de asignación y renovación de espectro que contemple valores razonables para incentivar la participación de los operadores en las subastas y permitir que estos puedan realizar mayores inversiones para el despliegue de redes. Asimismo, estos criterios de razonabilidad deben ser aplicados cuando las asignaciones se sustentan en compromisos de despliegue y cobertura (lo cual esta alineado con las mejores prácticas a nivel regional e internacional). Otro de los elementos fundamentales es la renovación de las licencias. De [ello] depende la continuidad del servicio, por lo tanto, se deben instalar metodologías de cálculo muy transparentes, con la suficiente antelación y evitar subir artificialmente estos costos al aplicar criterios como el monto de sanciones impuestas a los operadores. Las multas no son un criterio válido para establecer el valor del espectro [y] no se alinea con las mejores prácticas de América Latina.
¿Está el Perú avanzando al ritmo necesario para tener 5G a tiempo?
Para considerar subastas de espectro, ya sea para el desarrollo de tecnologías 4G o 5G, es importante mencionar que las políticas de espectro deben sustentarse en la maximización del bienestar social en lugar de enfocarse en fines recaudatorios. Para ello, el precio del espectro debe ser razonable. En la medida en que la política de espectro mantenga un enfoque recaudatorio, las licitaciones y renovaciones de espectro se verán afectadas y con ellas la prestación del servicio. Dicho lo anterior, es preciso decir que la puesta a disposición de más espectro para potenciar el 4G en Perú es necesario, tanto para seguir mejorando los servicios como para llegar a comunidades desconectadas y tener una mejor base para el despliegue 5G, pues la demanda de tráfico aún sigue creciendo y la falta de disposición de espectro dificulta por completo alcanzar la provisión de servicios demandados por los usuarios.
¿Cuántas y cuáles bandas se necesita concursar? Venimos de un concurso suspendido…
Si bien se toma como positiva la estructuración del concurso de las bandas de espectro AWS-3 y 2,3 GHz, que se sustentó en compromisos de inversión en cobertura y despliegue, los valores asociados para el cumplimiento de dichos compromisos resultaron desproporcionados. La gran cantidad de sitios que debían cubrirse y la dificultad técnica que supone el despliegue en ciertas zonas rurales por su situación geográfica terminaron por hacer inviable el cumplimiento de cobertura y despliegue por parte de los operadores, pues superaba sus posibilidades de inversión. Por lo tanto, las subastas de las bandas AWS-3 y 2,3 GHz aún resultan necesarias, pero estas tendrán que tener en cuenta la capacidad real de inversión de la industria para que se puedan llevar a cabo.
¿Qué se puede hacer por esas zonas rurales?
Dar incentivos y facilidades al despliegue de infraestructura, que siempre supone un reto y una dificultad adicional para los operadores, principalmente por los costos que se elevan debido a la geografía de estos lugares, aunado al bajo nivel de retorno de la inversión comparado con el despliegue en áreas con más población e infraestructura. Por lo tanto, adoptar políticas que incentiven la inversión en despliegue de redes en estas zonas pueden sopesar las cargas para los operadores y acelerar la adopción de servicios de calidad para sus habitantes y empresas. Se puede ofrecer la disminución en la contraprestación por el uso del espectro para aquellos operadores que desplieguen su infraestructura en estas zonas, la implementación de subsidios públicos a la demanda de los usuarios en condición de vulnerabilidad económica para la retribución adecuada a los operadores, permitir que parte del pago por la concesión del espectro se realice por medio de obligaciones de despliegue en zonas rurales y la habilitación del play or pay en el pago de los operadores a los Fondos de Servicio Universal.
¿Y la colaboración entre el Estado y la empresa privada?
Los modelos de colaboración público-privada destinados a disminuir el déficit de infraestructura son una herramienta fundamental para la evolución del sector, pues el conocimiento y experiencia de los segundos adicionada al músculo financiero del Gobierno, permite llevar a cabo grandes proyectos encaminados a proveer mayor conectividad de una manera más ágil y con un menor riesgo. Del mismo modo, enfocar esos esfuerzos en el despliegue en zonas alejadas, puede contribuir al cierre de la brecha al aumentar la oferta del servicio en áreas que aún no cuentan con servicios de internet.
¿Tiene algunos ejemplos de alianzas exitosas?
El Decreto 1974, del 2019, emitido en Colombia para establecer las reglas para llevar a cabo este tipo de alianzas entre el gobierno y los privados en donde se encarga a un inversionista privado la tarea de proveer el servicio de conectividad en poblaciones que aún no cuenten con estos servicios, o estén en una posición de vulnerabilidad o en una zona rural alejada (en general zonas prioritarias), sin que el Estado deba incurrir en la labor de diseñar, construir y desplegar la red. Del mismo modo, el proyecto público-privado denominado Internet Para Todos (IPT), desarrollado entre Telefónica de Perú, Meta (antes Facebook), BID Invest, CAF y el gobierno peruano, ha permitido a usuarios no conectados que viven en más de 30 mil localidades rurales en el Perú acceder a los servicios de internet. Tal como lo demostró este proyecto, fomentar la continuación de estas alianzas permitiría ampliar la cobertura en el país.
En nuestro país hemos tenido también una experiencia fallida: la Red Dorsal. Se montó una APP (Asociación Público Privada) que hoy está, temporalmente, a cargo del Estado. ¿Qué opina de que haya pasado a manos del Estado?
Cuando los estados deciden implementar redes estatales, los proyectos para el desarrollo de estas redes deben contemplar la realidad y las necesidades del mercado. Es decir, se debe hacer un análisis juicioso y detallado para que la apropiación de dicha red sea exitosa. Para ello se debe tener en cuenta principalmente la capacidad de contratación de estas redes por parte de los operadores; considerar aquellos lugares en donde aún hace falta despliegue de manera que la red estatal se complemente con las redes de los operadores; tener en cuenta los estándares de calidad definidos en la ley y aquellos ya alcanzados por los operadores y apalancarse del know how de los operadores para tomar las mejores prácticas para el desarrollo de redes de manera que se alcance el objetivo mediante un esfuerzo conjunto de la industria y el Estado.
¿El privado no puede ser descartado de lleno?
El cierre de la brecha digital es una labor de todos los actores de la industria. Por ello es importante no perder de vista que tanto las empresas privadas como las entidades estatales trabajen por ese único objetivo. Para ello resulta necesario que las entidades reguladoras y demás entidades que intervienen en el sector enfoquen su ejercicio normativo y regulatorio en incentivar el despliegue de infraestructura, la ampliación de cobertura, y el aumento de la inversión. En la media en que las normas favorezcan y apoyen estos aspectos los operadores contaran con mejores condiciones para ampliar la prestación de sus servicios y reducir los costos de éstos, lo que permitirá el aumento del acceso y apropiación de cada vez más usuarios. Contribuyendo así al cierre de la brecha digital.
¿Cuál es el mejor camino para reducir las brechas digitales en países como Perú?
Existen a nivel regional buenas prácticas para reducir las brechas digitales en países de América Latina, partiendo de la base de que es un objetivo primordial de la industria poder asegurar conectividad para todos los ciudadanos de la región. A continuación, presentamos aquellas temáticas clave que deben tomarse en cuenta para el cierre de la brecha digital en Perú:
a. Eliminación/modificación de la Ley de velocidad mínima garantizada. Esta obligación trae consecuencias negativas en término de asequibilidad, acceso, cobertura, inversiones y ofertas comerciales. Elevar artificialmente y de forma rígida la obligación de velocidad garantizada plantea retos técnicos que debieron ser considerados, ya que la velocidad de conexión de un dispositivo concreto en un momento determinado responde a factores que trascienden a la propia infraestructura de red disponible, como son los servidores donde se alojan los servicios y plataformas sobre internet, la demanda de tráfico fluctuante en diferentes horarios y ubicaciones, la estructura física que rodea a una conexión, la ubicación de los dispositivos móviles o routers, e incluso los fenómenos meteorológicos o las condiciones del suministro eléctrico.
b. Uso integral de los Fondos de Servicio Universal (FSU). Destinación de los recursos del FSU principalmente para proyectos que contribuyan al cierre de la brecha digital enfocando los proyectos en zonas rurales y de población vulnerable, así como en la reducción de la brecha de género y etaria. Lo anterior, fomentando el despliegue de redes y el subsidio a la demanda. Ejemplo de lo anterior son el FUTIC (Fondo Universal de Colombia) en donde se destinan los recursos únicamente a la masificación del acceso, uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y cerrar la brecha digital, y el FONATEL (Fondo Universal de Costa Rica) que está dirigido a la ejecución de proyectos que permitan llevar telefonía e Internet zonas alejadas, entregar en forma subsidiada conectividad y equipos de cómputo y computadoras a familias de escasos recursos y dotar del servicio de Internet y a los Centros de Salud, Centros de atención a primera infancia, Centros Comunitarios Inteligentes, Escuelas y Colegios Públicos. En estos proyectos el gobierno se apalanca del conocimiento y experiencia de los operadores para que estos se encarguen de la provisión del servicio, mientras se asegura que éste llegue a las zonas que más lo requieren. Políticas como las anteriores, permiten realizar más despliegue para la provisión del servicio de conectividad lo cual resulta clave para continuar con el desarrollo del Perú.
c. Implementar metodología de análisis de impacto normativo para la creación de nuevas regulaciones. Medir el impacto que genera determinada obligación regulatoria resulta de gran importancia para prevenir que las cargas regulatorias superen lo razonable y vayan en detrimento de los operadores encareciendo su operación y con ello el servicio. El encarecimiento del servicio resulta necesariamente en el aumento de la brecha digital. Por lo tanto, la adopción de la metodología de Análisis de Impacto Normativo (AIN) para cada desarrollo regulatorio resulta relevantes pues permite identificar la existencia de una necesidad que justifica la intervención del regulador, revisar si la imposición de la medida es razonable de acuerdo con dicha necesidad, y por último determinar si existen formas diferentes de implementar la medida o de lograr el objetivo con un impacto menor para los operadores.
d. Capacitación en habilidades digitales, plataformas virtuales para la educación y acceso a dispositivos. Además de las dificultades en el despliegue de infraestructura en zonas rurales, la falta de conocimiento y habilidades digitales de la población genera una barrera para la apropiación por parte de los usuarios de las tecnologías disponibles. Por lo tanto, las políticas para cerrar la brecha digital deben estar acompañadas de programas educativos que le permita a la población conocer las diversas formas de las que disponen para sustentar su desarrollo y el de sus negocios en la tecnología de manera que éstas aporten a su crecimiento. En otras palabras, se requiere una transformación en el sistema educativo que promueva la adquisición de habilidades digitales tanto para profesores como para estudiantes, así como de fomento del uso de las tecnologías para el desarrollo de los negocios por parte de los peruanos.
e. Eliminación y/o disminución de cargas e impuestos. La imposición de impuestos y cargas tributarias en los servicios de telecomunicaciones así como en las actividades o productos que se requieren para la provisión de los mismos, inevitablemente genera un incremento del costo para su provisión y, por lo tanto, conlleva a un alza en el precio final para los usuarios, perjudicando la asequibilidad de los servicios especialmente para las personas de menores recursos o residentes en zonas rurales y alejadas. Por lo tanto, la imposición de estas cargas contribuyen al crecimiento de la brecha digital lo cual es contrario al principio de universalidad de los servicios y desnaturaliza su carácter de servicios esenciales.
¿Qué medidas se podrían aplicar en esta materia de impuestos?
Se puede eliminar el IGV (Impuesto general a las ventas). Establecer este tipo de impuestos generan un alza en el valor final del servicio, lo que se traduce en el alza de barreras de acceso para los usuarios. Para impulsar el uso y la apropiación de los servicios se requiere la eliminación o por lo menos la reducción de este impuesto, tanto a los servicios de internet (fijos o móviles), como para los dispositivos que los soportan. También se puede evitar la carga tributaria excesiva desde distintos organismos y niveles de gobierno por medio de la coordinación de los instrumentos recaudatorios. Disminuir y limitar las cargas tributarias es necesario para evitar el aumento del precio final de los mismos y afectar la capacidad adquisitiva de los usuarios. Para ello, se requiere de la coordinación entre las distintas entidades del Gobierno que imponen estas cargas, para que no terminen siendo excesivas. Del mismo modo, resulta importante homogenizar este tipo de tributos en todo el país y que los cobros no respondan individualmente a la voluntad de autoridades locales. Adicionalmente, prácticas como reducir los distintos cobros a operadores que lleven a cabo el despliegue de infraestructura en zonas rurales, de difícil acceso o con población vulnerable incentiva el despliegue en dichas zonas, lo cual contribuye a la masificación de la conectividad.
