Expertos cuestionan la propuesta de Ley General de Internet (Proyecto 00878/2021-CR) que se está revisando en las comisiones del Congreso. Consideran que se necesita un alturado debate técnico sobre lo propuesto para evitar retrocesos normativos que desincentiven la inversión.
El primer día de diciembre del 2021, el congresista Alejandro Soto Reyes (APP) presentó el Proyecto 00878/2021-CR titulado Ley General de Internet. La propuesta fue derivada a dos comisiones (economía y Transportes y Comunicaciones) quienes tienen el encargo de revisarla este año.
Se trata de un compendio de varias normas ya dictadas con algunos conceptos añadidos. Parte de reconocer el derecho de acceso a Internet y la importancia de fortalecer la conectividad rural, pero los expertos consideran que tiene varios vacíos. Incluye la derogación de la Ley de Banda Ancha, al proponer nuevas disposiciones sobre el particular.
Mientras tanto, el tema del derecho de acceso a Internet como tal, aprobado en la legislatura pasada, fue archivado y vuelto a poner en agenda. Según recopiló Hiperderecho, durante el anterior periodo parlamentario (2016-2021), hubo ocho Proyectos de Ley presentados que buscaban declarar o reconocer el acceso a Internet como un derecho fundamental. Cuatro de estas propuestas (Proyectos de Ley 3156/2018-CR, 3607/2018-CR, 5600/2020-CR y 5843/2020-CR) fueron unidas en un dictamen de reforma constitucional que llegó a ser aprobado en primera votación.
No obstante, la norma no llegó a su completa aprobación, porque no se agendó la segunda votación necesaria en la siguiente legislatura y fue archivado (agosto del 2021). En la agenda del 2021-2022 del Congreso está otra vez incluido el tema y se propuso una nueva revisión la propuesta de Alberto de Belaunde, el Proyecto de Ley 3607/2018-CR. En medio de ese escenario, apareció esta nueva propuesta de Ley General de Internet.
Los especialistas del sector, ni bien conocieron de esta propuesta, pronunciaron sus reparos sobre el proyecto a través de las redes sociales, y dijeron que ante todo parecía un compendio de otras leyes vigentes sin aportes o avances sustanciales. Por el contrario, dijeron, se trataba de muchas medidas innecesarias y pidieron un debate técnico sobre lo planteado en el texto.
«Se necesita una visión multisectorial, altamente técnica, transversal y sin sesgo político, encajando todo con la Política 35 del Acuerdo Nacional»
-Virginia Nakagawa, exviceministra de comunicaciones
Manuel Cipriano, expresidente encargado del Osiptel, comentó que la propuesta no es de utilidad en el ámbito regulatorio y tiene muchos vacíos e inconsistencias, incluidos los cambios en la Red Dorsal, por lo que debería ser archivada. Manifestó, además, su convencimiento de que se debería dar un debate con la sociedad civil, la academia y las empresas del sector para encontrar las mejores alternativas regulatorias e incentivar la inversión necesaria para el despliegue de 5G.
Virginia Nakagawa, exviceministra de comunicaciones, coincidió en que se trata de “un compendio no organizado de la normativa vigente relacionada a la Banda Ancha y el Internet”. En su opinión, si lo que querían era hacer un compendio ordenado, este podría hacerse desde el ministerio. De lo contrario, recomendó, debería abrirse un debate con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Osiptel, Indecopi, PCM, asociaciones, gremios y universidades. “Se necesita una visión multisectorial, altamente técnica, transversal y sin sesgo político, encajando todo con la Política 35 del Acuerdo Nacional”, resaltó.
“Una ley ómnibus como la que se pretende, que desconoce legislación ya vigente (como los capítulos de Ecommerce de diversos TLCs) o que busca convertirse en una suerte de instrumento compilador (pero que deja por fuera diversas temáticas), no ayuda a la construcción de un ecosistema digital sano», destacó Erick Iriarte, gerente general de eBIZ.
«Es preocupante además que ni siquiera en las referencias se contemple la normativa ya existente, sino que se busca cambiar regulación sin siquiera entenderla, o mas aún, generando doble regulación en diversos temas. Preocupa de especial manera el tratamiento sobre banda ancha y el de nombres de dominio, desconociendo no solo legislación vigente, sino doctrina internacional y acuerdos que el Perú ha firmado en la materia», remarcó.
«Una ley ómnibus como la que se pretende, que desconoce legislación ya vigente o que busca convertirse en una suerte de instrumento compilador, no ayuda a la construcción de un ecosistema digital sano»
– Erick Iriarte, CEO de eBIZ
Aspectos rescatables
Algunos aspectos normativos incluidos en el proyecto podrían ser rescatados y perfeccionados. Iván Chumo, gerente general de Optical Network, comentó que en el artículo 14 se incluye la obligación de instalar fibra óptica, ductos y/o cámaras en los nuevos proyectos de infraestructura de carreteras, energía eléctrica y ferroviaria. “Creo que es un avance, ya que la inversión de instalar fibras o ductos es marginal”, dijo.
Al respecto, Nakagawa comentó que dicha propuesta es un acierto, pero tiene un problema: mantiene los mismos mecanismos que no han funcionado hasta ahora. Se necesitan normas técnicas precisas, las cuales deben ser recogidas por Provias/Proinversión y elaboradas con colaboración del MTC y del Ministerio de Energía y Minas para su óptima implementación. De lo contrario, señaló, no será factible ejecutar lo proyectado.
Chumo también destacó que se establezca en el artículo 32 que la Red Nacional de Investigación y Educación (RNIE) dependa del Concytec, lo cual sería un buen inicio de operación de la Rednace. No obstante, no estuvo de acuerdo en que sea el Pronatel quien contrate el Internet de todas las entidades públicas, porque debería cada una hacer su propia contratación. Además, dijo, sería importante aclarar la prohibición de apagón de Internet incluida, porque si una entidad pública incumple con pagar el servicio este debería ser interrumpido.
Otro acierto, dijo Nakagawa, es que la propuesta deroga la Ley 31207 que estableció la velocidad mínima garantizada para conexiones de banda ancha a un 70% de lo contratado, tanto en el servicio fijo como móvil. El problema, advirtió, es que lo vuelve a incorporar en el artículo 7. Dicha propuesta de velocidad mínima, recalcó Cipriano, desincentiva la inversión en zonas “poco rentables” y es todo lo contrario de lo que necesita el país para reducir su brecha de conectividad.
