Con la investidura de Alejandro Soto como presidente del Congreso se reviven fundamentados temores sobre la posibilidad de que pase a debate al Pleno la Ley General de Internet. Dicha propuesta tiene como autor a Soto y en su momento fue considerada por los expertos como nociva para el ecosistema digital. Aquí repasemos cinco razones por las que esta medida no debería ser aprobada.
Alejandro Soto, el nuevo presidente del Congreso de la República, ha destacado como una de sus fortalezas que tiene una amplia producción legislativa. Según información de El Comercio, ha presentado 210 proyectos de ley, incluyendo iniciativas de reforma constitucional, salud, justicia, deportes, cultura y turismo, entre otras. Sin embargo, destacaron que el mayor rubro son normas declarativas (41 propuestas). De sus propuestas, aún están en comisión 114, en dictamen hay 28, se han convertido leyes otras 28 y han quedado en agenda del pleno otras 28 iniciativas.
Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso (APP), pertenece a la bancada del bloque de derecha, pero también ha firmado proyectos de legisladores de izquierda y voto a favor de la “ley mordaza”. Pero en estas últimas dos semanas es otro de los proyectos que respaldó lo que está generando cuestionamientos. Soto votó a favor de la Ley N°31751, vigente desde el 26 de mayo último, que modifica los plazos de prescripción. El problema es que permitió la prescripción de un proceso en su contra por el presunto delito de estafa a la empresa Waynapicchu S.A., en Cusco.
Específicamente de cara al ecosistema digital, los recelos en el sector se deben a que es el autor de la polémica Ley General de Internet (P.L. 0878/2021-CR), que fue aprobada en junio del año pasado por la Comisión de Transportes y Comunicaciones, que él presidía.
El citado proyecto tiene nueve capítulos con 78 artículos, siete disposiciones finales transitorias y cuatro disposiciones complementarias derogatorias que recogen una serie de normas ya vigentes que regulan el sector. Diversos especialistas del sector público y privado – de 30 instituciones – declararon en el momento que se debatió la norma que esta no era conveniente y se requería un mayor análisis a través de mesas de trabajo.
Ante el temor que existe sobre la posibilidad de que Soto insista en poner su norma como prioridad para atenderse en el pleno, aun cuando la agenda la define el vicepresidente del parlamento, y termine siendo aprobada, eBIZ noticias recogió las opiniones al respecto que tienen diversos especialistas del medio, las cuales resumimos a continuación:
- Compendio innecesario de normas: Juan Pacheco, gerente de AFIN (Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional) comentó que la prioridad del país pasa por cerrar la brecha de conectividad y la brecha digital. El proyecto de Ley General de Internet fue un compendio de legislación existente o ya derogada que no contribuye de forma eficiente en la solución de estos problemas, sino que, al contrario, pueden terminar generando un retraso en la expansión de infraestructura. “Entendemos que amerita una revisión profunda y detallada, para un debate más informado”, añadió. Nos preocupa, dijo, que se aprueben normas sin tomar en cuenta el impacto de las mismas. La mayoría de las propuestas presentadas hasta ahora por el actual parlamento – han identificado 59 – son perjudiciales al desarrollo del sector. “Eso es demasiado”, enfatizó.
- Mayor análisis: Jaime Dupuy, gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de ComexPerú, consideró que este tipo de propuestas no se pueden aprobar sin nada de análisis regulatorio y sin haber sido consultadas a expertos de manera exhaustivo previamente, en las comisiones. Tanto el proyecto relativo a comercio electrónico como al internet serían muy nocivos para el ecosistema tal como han sido elaborados, señaló. No deberían aprobarse sin agotar el debate de toda la academia y de los privados. Esperamos que el primer vicepresidente, Guerra García, que se encarga de derivar los proyectos a las comisiones e incluirlas en la agenda del congreso, actúe de forma positiva para el ecosistema, añadió.
- Alinearse a la PNTD: Óscar Montezuma, fundador de Niubox Legal Digital, destacó que la reciente aprobación de la PNTD (Política Nacional de Transformación Digital) puede convertirse en el filtro necesario para las discusiones regulatorias vigentes en el Congreso, incluyendo el proyecto de Ley General de Internet. «En este período presidencial que acaba en el 2026 hemos tenido a los congresistas que mayor producción de proyectos de ley y leyes han emitido con impacto en el ecosistema digital y no precisamente por su enfoque promotor de la innovación, sino por una poca comprensión de su funcionamiento”, afirmó. La transformación digital y los objetivos propuestos en la PNTD deben ser vistos como una prioridad nacional que trasciende las diferencias políticas y vistas como el eje sobre el cual se mueva la regulación del ecosistema digital, explicó.
- Proyecto debe ser retirado: Para Erick Iriarte, CEO de eBIZ, lo más adecuado, entendiendo el ecosistema digital, es que se retire dicho proyecto. “En esencia fue aprobado sin respetar ninguna de las opiniones, incluidas las de la secretaria de gobierno digital que decía que sus iniciativas son contrarias a la misma constitución”, enfatizó. Aseguró que se espera que no prime el “espíritu adánico de creer que la regulación sobre internet empieza con él” y no solo no la aprueben, sino que no opte por insistir y publicarla aun cuando el Ejecutivo la observe. Internet, aclaró, ya está regulado con variedad de leyes que operan offline pero se pueden aplicar online. Si alguien difama en una red social, por ejemplo, se le puede aplicar la norma contra difamación existente, no hace falta crear una nueva ley para lo que sucede internet.
- Rechazo jurídico estatal: La Ley General de Internet, según informó al congreso la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) de la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros), no es viable. Además, la Oficina General de Asesoría Jurídica de la PCM recogió los informes de Concytec, Indecopi, Osiptel, la SGTD y la Secretaría de Descentralización para establecer que la medida no debe ser aprobada, pues vulnera el artículo 79 de la Constitución al imponer medidas que implican gasto de recursos estatales en infraestructura y servicios, lo cual no puede darse sin aprobación previa del Poder Ejecutivo. También se estaría afectando el principio constitucional de separación de poderes al reasignar funciones de la SGTD. Según el informe, la administración pública debe respetar la supremacía de la Constitución sobre una ley particular. Montezuma consideró que a partir de ahora los parlamentarios deben caminar de la mano de la SGTD y bajo el manto que ofrece la PNTD.
